Numerosas asociaciones de pymes sostienen que resulta inconcebible que las entidades financieras dificulten y obstaculicen la inyección de liquidez a las
pequeñas y medianas empresas en una situación sin precedentes en el país.

Denuncian la arbitrariedad en la definición de los sectores que pueden beneficiarse de estos créditos que ha dejado fuera a importantes colectivos de la actividad económica.

Reiteran su confianza en el Banco de España como organismo regulador y piden a los solicitantes que denuncien cualquier irregularidad en la tramitación y concesión de los préstamos avalados por el Estado.

 

Pymes y autónomos madrileños del comercio, el ocio, la hostelería, el turismo, la cultura y el transporte denuncian las prácticas abusivas de las entidades financieras en la tramitación y concesión de los créditos avalados por el Estado a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). De hecho, las asociaciones que representan a estos sectores, han recibido numerosas quejas y testimonios de sus asociados sobre las malas prácticas y actuaciones irregulares de las entidades financieras a la hora de tramitar sus solicitudes de créditos ICO.

Los afectados aseguran que algunas de las condiciones que les han ofrecido son la venta cruzada de productos financieros asociados a la tramitación de los créditos ICO, como la contratación “obligatoria” de seguros de vida. Además del recorte del año de carencia para la devolución del crédito establecido por el Gobierno de España, imprescindible para la recuperación de las empresas en un momento de incertidumbre y excepcionalidad, y la aplicación de intereses desproporcionados que están llegando hasta el 5%. Todo ello, “aprovechando la indefensión ante los bancos y la situación desesperada de muchas pymes”, aseguran.

De la misma forma, señalan que se están pidiendo avales extra más allá de los garantizados por el Gobierno, así como poniendo numerosas trabas meramente burocráticas al solicitante.

Las asociaciones aseguran que todas estas actuaciones “tienen cobertura legal en la medida en la que los bancos están respondiendo a las pymes que los recursos de los créditos ICO se han agotado, por lo que ofrecen otras alternativas y productos financieros propios de los bancos sujetos a sus propias condiciones”.

En este sentido, denuncian que esta situación se produce en un contexto en el que entidades financieras están contactando con sus clientes preferentes para  ofrecerles financiación aprovechando las ventajosas condiciones de los créditos ICO. Esto, advierten, supone que “están priorizando ofrecer liquidez a los clientes que menos riesgo financiero tienen, pero que son precisamente los que menos necesitan esta financiación, frente a las pymes y autónomos que se enfrentan a un auténtico problema de liquidez, que les permitan proteger la supervivencia de sus empresas”. A su juicio, “los bancos se acogen a la legalidad con sus actuaciones, pero con una más que dudosa moralidad”.

Por otra parte, más allá de los problemas provocados por la gestión de las entidades financieras de los créditos ICO, subrayan la necesidad de denunciar “la arbitraria definición de los sectores que pueden beneficiarse de estos créditos y que han dejado fuera a importantes colectivos de la actividad económica; así como la dificultad burocrática de poder contar con certificados digitales, imposibles de tramitar en estos momentos, como el CIRBE.

Ante esta situación, estos colectivos piden a los autónomos y pymes que denuncien cualquier irregularidad en la concesión de los créditos, especialmente después de que el propio Banco de España haya advertido que revisará que las entidades financieras cumplan la normativa y las buenas prácticas bancarias en la comercialización de los avales del ICO, ya que deberán ser comercializados por estas entidades en estricto cumplimiento, tanto de las condiciones y requisitos fijados en la normativa que los regula, como de los criterios de buenas prácticas bancarias.

No obstante, y dada la preocupación trasladada, las asociaciones sectoriales reiteran su confianza en el organismo regulador, tal y como ha venido demostrando durante los últimos año. De hecho, una gran parte de las reclamaciones tramitadas por particulares son atendidas y asumidas por los bancos (68% en 2018), por lo que, insisten, debe utilizarse el servicio ante la más mínima duda de abuso o falta de transparencia a través de su teléfono de reclamaciones 913388830 o en su sede electrónica. También el ICO ha activado varios canales para presentar o consultar incidencias.

Para las asociaciones, resulta inconcebible que las entidades financieras dificulten y obstaculicen la función de los créditos ICO: garantizar liquidez a las pequeñas y medianas para poder pagar impuestos, proveedores o mantener la plantilla de trabajadores para sostener sus negocios y afrontar su reapertura tras el levantamiento del estado de alarma y la emergencia sanitaria.