El pasado 11 de julio entró en vigor la Ley de lucha contra el fraude fiscal (Ley 11/2021), la cual contempla, entre otras medidas, la reducción de 2.500 a 1.000 euros en los pagos en efectivo, con el objetivo de reducir el fraude fiscal.

La nueva ley, además, extiende la limitación a los pagos de particulares a empresas. Previamente la limitación monetaria afectaba solo las relaciones comerciales entre empresarios, a partir de la publicación de la normativa también afecta a los particulares.

Otros cambios que incorpora la normativa son los siguientes:

• Durante la tramitación parlamentaria del proyecto de ley se ha incorporado una enmienda que revierte la subida del impuesto de matriculación, el cual quedó congelado hasta el 2022.
• Se baja de un millón a 600.000 euros de deuda con Hacienda el umbral para aparecer en la lista de morosos.
• Se amplía el concepto de paraíso fiscal para permitir la inclusión de jurisdicciones no cooperantes.
• Se prohíben las amnistías tributarias para regularizar patrimonios no declarados en condiciones más ventajosas.
• Los contribuyentes deberán informar sobre los saldos y titulares de las cuentas de criptomonedas tanto en España como en el extranjero (será obligatoria su cumplimentación en el modelo 720).
• La Agencia Tributaria deberá obtener el consentimiento del obligado tributario o una autorización judicial para efectuar entradas en domicilio durante sus inspecciones.
• Se prohíbe la utilización del denominado software de doble uso.